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Frenar el contrabando automotor, generar los estímulos fiscales en la transición hacia la movilidad eléctrica, actualizar la deducibilidad para adquirir y arrendar vehículos, apoyos a micro y pequeñas empresas para renovar unidades, refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE) y modificar el marco jurídico para reposeer garantías de forma precautoria por mora, son los principales factores que tienen frenado al mercado interno

Redacción AMDA
En conferencia de prensa con las asociaciones de la industria automotriz como AMIA, ANPACT e INA, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que hoy más que nunca el centro de la atención es frenar el contrabando de vehículos preguntándose si el resultado obtenido hasta el momento es el planteado por el Gobierno Federal.

“Si el éxito se mide por el número de vehículos regularizados, más de medio millón según los datos en los considerandos del Diario Oficial de la Federación, pues hay muchos funcionarios, municipales y gobernadores que lo festejan como un éxito. Sin embargo, si atendemos que el objetivo enunciado por el Presidente para justificar este decreto fue terminar con la circulación de vehículos ilegales para evitar con ellos los delitos y otras faltas a la ley, en nuestra opinión este decreto ha resultado un rotundo fracaso en virtud de que hoy día se encuentran circulando más vehículos ilegales que los que había el 19 de enero cuando se publicó el decreto en cuestión”.

Por ello, advirtió, es que se necesita quitar el freno al desarrollo del mercado automotor eliminando las facilidades al contrabando, lo que en realidad se necesitan son estímulos para potenciar la marcha del desarrollo armónico del mercado interno automotor, por lo que se requiere actualizar la política fiscal para la adquisición de vehículos que hoy se encuentra presente en el Congreso de la Unión en el análisis del paquete fiscal.

“Volvemos a hacer un llamado a la Cámara de Diputados y Senadores para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y generar estímulos para la transición a la movilidad eléctrica. Necesitamos deducción inmediata en un solo ejercicio y al 100% para los vehículos eléctricos. Igualmente una tasa cero el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tal cual ha venido ocurriendo en el resto de las regiones en el mundo que están impulsando esta transición”, dijo.

El representante de los distribuidores recordó que se sigue planteando la urgente necesidad de adecuar la deducción permitida en la adquisición de vehículos nuevos dentro de la Ley del ISR, los 175 mil pesos que se permiten deducir en cuatro ejercicios fiscales actualmente es la misma cantidad que se permite desde 2008.

“Únicamente por actualización de valor ésto tendría que ser hoy 350 mil pesos”, estimó.

Rosales Zárate explicó que el efecto derivado de la crisis que enfrentamos por la pandemia de Covid19 mermó las capacidades del parque vehicular en México, a lo que hay que sumar el efecto nocivo por la introducción de chatarra procedente de Estados Unidos.

Por eso, recomendó, rescatar fórmulas que se han utilizado en otros tiempos y que han demostrado ser exitosas como el apoyo para las micro y pequeñas empresas del campo y la ciudad con programas de estímulo directo para la renovación del parque vehicular.

Un tema que engloba no solamente la seguridad jurídica en el comercio de vehículos nuevos y usados sino que va en forma incluyente en los temas de seguridad pública, es la urgente necesidad de tener una Ley General de Control Vehicular.

“La refundación del Registro Público Vehicular es una asignatura pendiente de las cuatro últimas administraciones federales. Hoy el REPUVE es una entidad rezagada en sus capacidades tecnológicas y que además el marco jurídico que la rige no responde a las necesidades de nuestra economía y amplio problema de seguridad. Es urgente que concretemos lo que hemos venido trabajando los últimos tres años las cámaras y asociaciones que representamos a los Sujetos Obligados en trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, demandó.

No podemos, destacó, seguir teniendo una ausencia casi total de control vehicular cuyos únicos beneficiarios son quienes promueven la ilegalidad y criminalidad.

Por último, el presidente ejecutivo de la AMDA, aseguró que ahora también hace falta una Reforma Financiera de segunda generación, ya que la de 2013 cumplió el objetivo de estimular la competencia y que se ve en cómo se ha venido incrementando el número de vehículos financiados.

“Necesitamos modificar el marco jurídico para agilizar los procedimientos destinados a reposeer las garantías de forma precautoria derivado de una mora”, argumentó.