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Un llamado a que no legalice los automóviles ‘chuecos’ hizo Guillermo Rosales Zarate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), luego de que este problema impacta gravemente principalmente a Tamaulipas, Chihuahua y Baja California

Redacción AMDA con información de EnLineaDirecta.info
En rueda de prensa, indicó que la introducción de vehículos usados en Tamaulipas provenientes de Estados Unidos ha tenido un impacto negativo en la industria automotriz desde agosto de 2005. Manifestó que la medida de dejar entrar los vehículos americanos usados se notó en el 2006, al verse invadidos por este flujo de vehículos americanos usados.

“En 2006 se importaron un millón 575 mil 150 unidades usadas de Estados Unidos, lo que quiere decir que se trajeron en condiciones de chatarra al mercado mexicano 38% más vehículos que los nuevos vendidos en el país, y así en los años posteriores al 2006 ha sido una forma que afecta a nuestra actividad por la entrada de estos vehículos”.

Asimismo indicó que si a esto le agregan que no se ha parado el flujo de los vehículos ilegales y los estados más afectados son Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, sin dejar de tomar en cuenta que hay presencia de este fenómeno en todos los estados norteños.

Sin embargo, señaló que desde el 2014 hasta 2018 se ha venido controlado la entrada de vehículos usados que pasan por la Aduana, Rosales destacó que al cierre de 2018 aún se registró la importación de 141 mil 752 unidades usadas, representando el 10 % de las ventas de los autos nuevos en el mismo lapso.

Refirió que actualmente se tiene un panorama diferente al que se tenía hace 12 años porque el SAT y la administración General de Aduanas establecieron un control en la importación de vehículos usados y ha permitido ordenar la entrada de estas unidades.

“El decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados termina el 31 de marzo, poco más de un mes, y tenemos una preocupación porque hay un movimiento político muy fuerte por parte de legisladores de la Frontera Norte y de organizaciones políticas sociales como ONAPAFA, UCD, ANAPROMES, CNC y sus diferentes ramificaciones para exigirle al Gobierno Federal que emita un programa de regularización de vehículos ‘chocolate’, que para mí son de contrabando”.

Con ello, manifestó que estarían generando un impacto demasiado fuerte no únicamente al mercado automotor, sino en términos también de las afectaciones a quienes en este momento son propietarios de un vehículo nuevo o usado debidamente adquirido, emplacado y que estén los ciudadanos pagando sus impuestos, porque al haber una entrada masiva de vehículos que eran ilegales y se convierten en legales los precios de unidades usadas locales se desploman, lo que se traduce la pérdida del patrimonio de las familias mexicanas.

Además, se acrecentará porque se incentivará a ir por más vehículos ‘chocolate’ y provocará problemas en las ciudades y en el Estado, además de afectación al medio ambiente grave.

“El contrabando y la ilegalidad no debe de premiarse con un acto de gobierno que lo formalice y por tal motivo estamos pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ceda a esta demanda, a esta presión y que para el 31 de marzo tome la decisión de prorrogar el control de los vehículos usados importados en los términos que se ha venido haciendo e incluso que se mejore, que sea algo con mayor oportunidad y menos corrupción para quien legalmente quiera adquirir un vehículo usado en Estados Unidos y para quienes legalmente se dediquen a la comercialización de este tipo de vehículos”.

Afirmó que esto están pidiendo a AMLO, quien ha dejado la responsabilidad del estudio de este caso a la Secretaría de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín, pero quien tomará la decisión será el presidente de la República; por eso el llamado es directo a él, para que tome la mejor de las decisiones en favor de la economía y de la sociedad, de la mayoría del país, no de unos cuantos.

Finalmente subrayó que el presidente de la República debe también hacer un llamado enérgico, dada su autoridad y su campaña de acabar con la corrupción, a los gobiernos locales y gobernadores, que han dejado crecer la comercialización de los vehículos “chocolate”.