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Analizan para mejorar el régimen jurídico en la comercialización de automotores
En la actualización a un estudio de 2006, la AMDA con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dieron a conocer los primeros avances de este nuevo análisis, cuyo objetivo es asentar las bases para aliviar la preocupación de los distribuidores sobre la seguridad de sus inversiones y llevarlo, incluso, a otras instancias como la Legislativa
Redacción AMDA
“Estamos buscando respuestas teóricas a problemas prácticos en la comercialización de automotores, sobretodo en su relación con su principal proveedor y las diversas autoridades que los regulan, tratando de dar más certidumbre al sector”, afirmó Guillermo Rosales Zárate.
Durante el Seminario ‘Implicaciones del Régimen Jurídico de la Comercialización de Automotores en México’, el director general adjunto de la AMDA, acompañado de un grupo de juristas coordinados por Juan Vega Gómez y Gloria Vargas Romero, explicó que después de 12 años de haberse realizado este primer estudio, era urgente una actualización y ampliación del alcance del mismo.
“El distribuidor de automotores no es un simple revendedor, se trata de grupos y empresas familiares que están inmersas en un marco jurídico donde son el eslabón más débil”, advirtió el también vocero.
A la luz de este debate, agregó que en la comercialización automotor lo único cierto es la incertidumbre en la seguridad de sus inversiones ante un marco que poco los beneficia y expone.
“Cada vez hay más competencia y los márgenes de utilidad más pequeños que, aunque benefician al cliente, si afectan al distribuidor que termina siendo el eslabón más frágil en la cadena de la comercialización de automotores”, puntualizó.
Lo que se avizora con este nuevo análisis es que el Estado Mexicano reconozca el valor del sector y fortalezca el débil régimen jurídico que lo regula pero que también debería protegerlo de las medidas emergentes y nuevas estrategias del resto de los participantes de este sector.
Sobre la actualización a este estudio, afirmó Juan Vega Gómez que esta ocasión se comparó el régimen mexicano contra lo que pasa en otros países, lo que resultará en un mejor marco de referencia lo que existe y podría mejorarse, además de tomarse en cuenta las aportaciones de esta actividad en el empleo y los impuestos.
Al evento también asistieron Daniel Márquez Gómez y Alfredo Sánchez-Castañeda, juristas que también colaboraron en la anterior y nueva investigación jurídica.
