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Amplía Gobierno Federal decreto para la importación de vehículos usados hasta el 31 de marzo de 2019

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  • AMDA reconoce compromiso del gobierno del Presidente Peña para evitar chatarrización
  • Buena medida para apoyar al mercado interno ante la incertidumbre que se vislumbra en 2018
  • Necesario no ceder a presiones de políticos locales para relajar las reglas de importación de vehículos usados

Redacción AMDA
Este 28 de diciembre el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial la prórroga del Decreto que regula la Importación definitiva de vehículos usados hasta el 31 de marzo de 2019.

La AMDA calificó positivamente esta decisión al considerar que los términos actuales del decreto han permitido regular la importación de vehículos, disminuyendo la entrada de chatarra que entre 2006 y 2008 sobrepasó la venta de unidades nuevas y que para este 2018 se estima representará sólo el 8% se la venta de automotores de agencia.

Esto sin olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad del decreto ante los amparos interpuestos en su contra, muchos de ellos envueltos en procesos al margen de la ley que tuvo como consecuencia la inhabilitación de funcionarios judiciales y el seguimiento de causas penales.

Ante un panorama lleno de incertidumbre en el 2018 a causa de la difícil negociación del TLCAN y el proceso electoral mexicano la renovación del decreto para la importación de unidades usadas será un factor importante para no incrementar las variables negativas en el mercado interno automotor.

La asociación de distribuidores automotores reconoció el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con este sector e instó a todos los actores políticos para rechazar las presiones que demandan la flexibilización en la importación de vehículos chatarra y en la regularización de las unidades conocidas como ‘chocolate’ o ‘chuecos’.

Asimismo pidió a los gobernadores de los estados que asuman su responsabilidad en la aplicación de la ley y eviten promover la entrada de vehículos de contrabando con disposiciones locales que pretenden legalizar lo ilegal, tal como lo ha hecho recientemente el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.